Las técnicas no cambian por especialidad. Cambia el momento en que llega la consulta: penal llega con un plazo legal corriendo, familia llega con una decisión a medio tomar y extranjería llega con un expediente abierto y una norma que se ha modificado dos veces en año y medio. Eso decide qué páginas se escriben primero, cuánto duran y qué se pone en la que recibe la llamada.
Es información sobre SEO y contenido, no asesoramiento jurídico.
La respuesta corta: lo que cambia son tres variables
La materia no cambia el método —una pregunta por página, la norma citada, quien firma visible—, cambia tres variables: el plazo con el que llega quien busca, lo que escribe además de la ciudad y la vida útil del texto una vez publicado. Con esas tres se decide el orden de trabajo, y es un orden distinto en cada despacho.
Conviene desmontar antes una creencia cómoda: que el penal es «el urgente», el de familia «el emocional» y el de extranjería «el que no es local». Los datos de demanda que vienen a continuación solo sostienen la primera parte, y desmienten la tercera.
Las tres especialidades buscan igual de local, y una más que las otras
En el autocompletado de Google para España, las tres consultas de cabecera están dominadas por ciudades, y la que más lo está es extranjería. Esta es la comprobación, hecha el 18 de octubre de 2026 sobre el autocompletado de Google en España y en español, a través de Ubersuggest, mirando solo el bloque inicial de sugerencias de cada término.
- «abogado penalista»: 13 de las 16 primeras sugerencias son una ciudad, provincia o isla españolas —Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Bilbao, A Coruña, Tenerife, Zaragoza, Cádiz, Donostia y Mallorca—. Las otras tres son «gratis», «qué hace» y «qué es».
- «abogado de familia»: 13 de las 16 primeras son ciudad, provincia o isla. «Gratis» es la segunda sugerencia, «cerca de mí» la quinta y «gratuito» la decimosexta.
- «abogado extranjería»: las 15 primeras son ciudad o provincia, sin una sola excepción —Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Alicante, Málaga, Pamplona, Sevilla, Murcia, Castellón, Tarragona, Girona, Tenerife, Oviedo y A Coruña—.
Cálculo y lectura nuestros, separados del dato: la intuición de que la extranjería se gestiona a distancia y por tanto no necesita territorio no aparece por ningún lado en la cabeza de la demanda. Quien busca escribe su ciudad porque es donde vive, no porque sepa dónde está el despacho.
Y conviene decir cómo está hecha la comprobación, porque tiene un límite: la expansión del autocompletado mezcla España con Latinoamérica y Estados Unidos —aparecen «houston», «bogotá», «lima» o «quilmes» más abajo—, así que solo el bloque inicial se puede leer como demanda española. El resto lo citamos como ejemplos de formulación, nunca como volumen. Cuándo una ciudad justifica una página propia está resuelto en qué páginas necesita la web de un abogado, y el trabajo de territorio en sí, en SEO local.
Penal: la consulta llega con un plazo constitucional corriendo
La urgencia del penal no es un tópico comercial: es un plazo escrito. El artículo 17.2 de la Constitución fija que la detención preventiva no durará «más del tiempo estrictamente necesario» y, «en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas», el detenido debe quedar en libertad o a disposición judicial. El 17.3 garantiza la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, y el artículo 520.2.c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal concreta el derecho a designar abogado «y a ser asistido por él sin demora injustificada».
Quien busca en ese escenario casi nunca es el detenido: es un familiar, de madrugada, con el móvil. Las formulaciones están en el propio autocompletado: «abogado penalista urgente», «abogado penalista madrid 24 horas», «abogado penalista 24 7», «abogado penalista ahora», «abogado penalista detenido», «abogado penalista teléfono».
Hay un segundo dato en ese mismo bloque de cabecera que suele pasarse por alto: dos de las dieciséis primeras sugerencias son «qué hace» y «qué es». Lectura nuestra: una parte del público ni siquiera maneja la palabra «penalista», y eso es una página que casi nadie escribe.
El territorio del penal tampoco es el que se supone. El artículo 14.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye la instrucción a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia «del partido en que el delito se hubiere cometido». No donde vive el cliente ni donde está el despacho. Un despacho de Albacete puede llevar un asunto que se instruye en Alicante y un vecino de Alicante puede necesitar que le atiendan en Albacete.
Qué sale de todo esto, en orden:
- Un teléfono visible sin hacer scroll, y que alguien lo coja. Es la materia donde el formulario de contacto sirve de menos: casi nadie rellena un formulario a las tres de la madrugada.
- Una página que responda a «me han detenido» o «han detenido a mi hijo», con el plazo de las 72 horas y el derecho de asistencia explicados y citados.
- Una página de definición, porque hay demanda explícita de qué es y qué hace un penalista.
- Después, la ciudad. Y con el matiz del artículo 14.2 dentro: el partido judicial donde se instruye puede no ser el de nadie.
Un límite que en penal es más estrecho que en ninguna otra materia: el artículo 20.2.c) del Estatuto General de la Abogacía prohíbe ofrecer servicios a víctimas de accidentes, desgracias o catástrofes «en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de profesional», y en todo caso hasta pasados 45 días, salvo que la víctima lo haya pedido expresamente. La lista completa de prohibiciones está en qué te prohíbe el Estatuto en tu publicidad online.
Familia: ocho de cada diez divorcios se resuelven sin pleito
El contenido de familia que falta no es el del juicio, es el del acuerdo. Según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del INE, publicada el 23 de julio de 2026, en 2025 hubo en España 80.785 divorcios: 65.006 no contenciosos y 15.779 contenciosos. Cálculo propio sobre esas cifras: el 80,5 % se resolvió de mutuo acuerdo. En el mismo año se registraron 2.872 separaciones y 27 nulidades.
A ese reparto se le sumó un cambio procesal reciente que altera lo que hay que explicar antes del procedimiento. Desde el 3 de abril de 2025, el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 convierte en requisito de procedibilidad acudir antes a un medio adecuado de solución de controversias: para que la demanda sea admisible, en el orden civil, tiene que haber existido actividad negociadora previa sobre el mismo objeto. El apartado 2 lo aplica a todos los procesos declarativos del libro II y a los procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde están los procesos matrimoniales, con una lista tasada de excepciones —entre ellas la filiación, paternidad y maternidad, y las medidas del artículo 158 del Código Civil—. La propia ley aclara que el requisito se entiende cumplido cuando la negociación la llevan directamente las partes o sus abogados.
Hay una excepción que conviene no equivocar al escribirla. Cuando concurren los requisitos del artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —asuntos civiles de familia atribuidos a las Secciones de Violencia sobre la Mujer—, su apartado 9 dice literalmente que «está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias». Un artículo de blog que explique el requisito previo sin recoger este supuesto está dando una información incompleta justo a quien no puede aplicarla.
El territorio en familia lo fija el domicilio, no el despacho. El artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye la competencia al tribunal del domicilio conyugal y, si los cónyuges residen en partidos distintos, al del último domicilio del matrimonio o al de residencia del demandado, a elección del demandante. En el divorcio de mutuo acuerdo del artículo 777, al del último domicilio común o al de cualquiera de los solicitantes.
El orden de trabajo que sale de ahí:
- El acuerdo antes que el pleito. Si ocho de cada diez divorcios no son contenciosos, el contenido que atiende a la mayoría es el del convenio regulador, el de la negociación previa y el del coste, no el de la batalla judicial.
- Una página por el nuevo requisito de procedibilidad, con su fecha y con la excepción del artículo 89.9 dentro.
- El precio, porque la demanda lo pide a gritos. «Gratis» es la segunda sugerencia de «abogado de familia» y «gratuito» la decimosexta, junto a «de oficio» y «consulta gratis». Qué se puede contestar ahí sin inventar una tarifa está en cuánto cuesta el SEO para un despacho.
- La materia concreta dentro de familia, que la demanda separa sola: custodia, sucesiones, herencias, adopción. Aparece incluso «abogado de familia para hombres», que es una intención propia y no una variante de las anteriores.
Extranjería: el contenido caduca, y ya ha caducado dos veces
Es la de las tres cuya norma de referencia se ha movido dos veces en año y medio, así que aquí un artículo correcto se vuelve incorrecto solo con esperar. El Real Decreto 1155/2024, que aprueba el vigente Reglamento de extranjería, entró en vigor el 20 de mayo de 2025 y reordenó el arraigo: su artículo 125 fija cinco tipos —de segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo y familiar— y establece que la duración de estas autorizaciones es de un año, salvo el arraigo familiar, que es de cinco. El artículo 126.b) exige haber permanecido en España de forma continuada al menos los dos años anteriores a la solicitud, y añade que el arraigo familiar no requiere ninguna permanencia mínima.
Y ya se ha modificado otra vez: el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, publicado en el BOE del 15 de abril de 2026, añadió al artículo 126 una letra h) que excluye a quien ya sea titular de una autorización de estancia o residencia o sea parte interesada en un procedimiento de concesión, prórroga, renovación o modificación. Está en vigor desde el 16 de abril de 2026.
Un tercer dato que cambia cómo se escribe la página de contacto: el artículo 130.1 del mismo reglamento dispone que la autorización por circunstancias excepcionales «deberá ser solicitada personalmente por la persona extranjera ante el órgano competente», salvo en los casos de menores o de personas con discapacidad que precisan apoyo. El abogado prepara y acompaña; el trámite no se delega.
Aquí la demanda sí se formula por el nombre del procedimiento. Más allá del bloque de ciudades, el autocompletado devuelve «abogado extranjería nacionalidad española», «abogado extranjería NIE», «abogado extranjería regularización», «abogado extranjería asilo», «abogado de extranjería reagrupación familiar», «abogado extranjería pareja de hecho» y «abogado extranjería visado». Casi nadie escribe «arraigo socioformativo» en Google: escribe lo que cree que le pasa.
El contexto de tamaño, con su fecha: según la Estadística Continua de Población del INE, a 1 de julio de 2026 residían en España 7.437.543 personas de nacionalidad extranjera sobre una población total de 49.801.559. Cálculo propio: el 14,9 %.
Sobre el idioma, un dato que suele llevar a la decisión contraria a la intuitiva. El desglose por nacionalidad del INE está publicado a 1 de enero de 2025, y a esa fecha, de los 6.911.971 extranjeros residentes: 1.958.005 eran de nacionalidades de Sudamérica y 459.376 de Centroamérica y el Caribe, 1.757.955 de la UE27 sin España, 1.367.584 de África y 104.691 de América del Norte. Cálculo propio sobre esas cifras: el bloque sudamericano más el centroamericano y caribeño suma 2.417.381 personas, el 35,0 % del total, y América del Norte es el 1,5 %.
Interpretación nuestra, separada del dato: el grupo donde el español es lengua mayoritaria es con diferencia el más grande —aunque incluya Brasil, de lengua portuguesa, y aunque el Reino Unido quede contabilizado fuera de la UE27—, y el bloque donde el inglés lo es resulta marginal. Traducir toda la web al inglés rara vez es el primer movimiento de un despacho de extranjería en España; mirar de qué nacionalidades son los expedientes que ya entran por la puerta, casi siempre lo es.
Y una consecuencia editorial que es propia de esta materia: cada afirmación normativa lleva fecha dentro del texto y una revisión en el calendario. Un artículo de extranjería sin fecha de norma es un artículo que envejece sin avisar.
Lo que no cambia por especialidad
- La norma deontológica. El artículo 20 del Estatuto se aplica igual en penal, familia y extranjería. Y la mención a la especialización, en cualquiera de las tres, «deberá responder a la posesión de títulos académicos o profesionales específicos», a cursos homologados o a una práctica profesional que la avale, según el artículo 20.3.
- La arquitectura de la web. Una página por materia, una por ciudad donde haya oficina atendida y una por abogado que firma. El reparto completo está en cómo se distribuyen las páginas de un despacho.
- Quién firma. Cambia el contenido, no la exigencia de que responda del texto quien conoce la materia.
- Que nadie puede asegurar una posición en Google. Ni nosotros ni nadie, en ninguna de las tres.
Un despacho con dos materias: cómo decidimos el orden
Supuesto construido, no un cliente real: tres abogados en una capital de provincia media, dos materias, penal y extranjería, sin blog y con una web de cuatro páginas. El reparto de horas no se hace a medias.
El penal se lleva primero lo que se juega en minutos: teléfono arriba en todas las páginas, página de detención con el plazo de las 72 horas citado y una página de definición. Son tres piezas y no vuelven a tocarse salvo cambio normativo.
La extranjería se lleva el volumen de contenido, porque su demanda está repartida en nombres de trámite, y se lleva también el mantenimiento: cada texto nace con la fecha del reglamento dentro y una revisión marcada. Sin ese mantenimiento, no compensa empezar.
La página de ciudad se hace una sola vez y sirve a las dos materias, porque la oficina es la misma. Y el criterio con el que cerramos el orden es el que más discusión genera: si una materia no tiene a alguien en el despacho capaz de firmarla y actualizarla, no abre página, aunque la demanda exista.
Preguntas que suelen venir después
¿Hago una página por especialidad o una por ciudad? Primero por especialidad. La especialidad explica qué resuelves y la ciudad solo dice dónde estás; además, en penal el partido judicial competente es el del lugar del delito y en familia el del domicilio conyugal, así que la ciudad del despacho no siempre coincide con la del asunto. La ciudad se abre cuando hay una oficina atendida, con el criterio de arquitectura que ya hemos enlazado más arriba.
¿Puedo decir que soy especialista en penal? Solo si esa mención responde a un título académico o profesional específico, a un curso de especialización oficialmente homologado o a una práctica profesional que la avale. Lo exige el artículo 20.3 del Estatuto, y vale igual para «especialista en extranjería» o «experto en familia».
Llevo cuatro materias. ¿Las trabajo todas? No a la vez. El criterio que usamos es cuál de ellas puede sostener contenido con firma y mantenimiento durante un año. Una materia sin alguien que la actualice produce páginas que envejecen y restan, sobre todo en extranjería, donde la norma ya se ha movido dos veces desde mayo de 2025.
¿Y si mi materia no es ninguna de estas tres? El procedimiento es el mismo: localizar el plazo con el que llega la consulta, mirar qué acompaña a la ciudad en el autocompletado y comprobar cada cuánto se mueve la norma que la regula. Esas tres respuestas dan el orden.
¿Merece la pena traducir la web? Depende de los expedientes que ya entran, no del tópico. En extranjería, el bloque de nacionalidades hispanohablantes es el mayor con diferencia y el norteamericano representa el 1,5 % de los extranjeros residentes; el idioma se decide mirando el propio despacho.
Cómo lo planteamos nosotros
Antes de escribir una sola página preguntamos tres cosas: con cuánta prisa llega la consulta de esa materia, qué escribe la persona además de la ciudad y cada cuánto se mueve la norma que la regula. Con esas tres respuestas sale el orden, y el orden es distinto en cada despacho aunque las materias se llamen igual.
Lo que no hacemos es abrir una página por cada especialidad del escudo. Una materia que nadie puede firmar ni mantener resta, y en extranjería resta rápido. El alcance está en SEO para abogados.
Fuentes consultadas
- BOE, Constitución Española, artículo 17, apartados 2 y 3. Consultada el 18 de octubre de 2026.
- BOE, Ley de Enjuiciamiento Criminal, texto consolidado; artículos 14.2 y 520.2.c). Consultada el 18 de octubre de 2026.
- BOE, Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, texto consolidado; artículo 5, apartados 1 y 2. Entrada en vigor el 3 de abril de 2025. Consultada el 18 de octubre de 2026.
- BOE, Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, texto consolidado; artículo 89, apartados 6 a 9. Consultada el 18 de octubre de 2026.
- BOE, Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, texto consolidado; artículo 769, apartados 1 y 2. Consultada el 18 de octubre de 2026.
- BOE, Real Decreto 1155/2024, Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, texto consolidado; artículos 125, 126 y 130.1. Entrada en vigor el 20 de mayo de 2025; letra h) del artículo 126 añadida por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, en vigor desde el 16 de abril de 2026. Consultado el 18 de octubre de 2026.
- BOE, Real Decreto 135/2021, Estatuto General de la Abogacía Española, texto consolidado; artículo 20, apartados 2.c) y 3. Consultado el 18 de octubre de 2026.
- INE, Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, datos de 2025 publicados el 23 de julio de 2026; divorcios totales, no contenciosos y contenciosos, separaciones y nulidades. Consultada el 18 de octubre de 2026.
- INE, Estadística Continua de Población; población residente total y de nacionalidad extranjera a 1 de julio de 2026, y desglose por agrupación de países de nacionalidad a 1 de enero de 2025. Consultada el 18 de octubre de 2026.
- Ubersuggest, autocompletado de Google para España en español, consultado el 18 de octubre de 2026: bloque inicial de sugerencias de «abogado penalista», «abogado de familia» y «abogado extranjería».